La resolución 181 recomendó la partición de Palestina en dos estados: uno judío (56,47% del territorio y con una población de 498.000 judíos y 325.000 árabes) y otro árabe (43,53% del territorio, y 807.000 árabes y 10.000 judíos). Jerusalén, con 100.000 judíos y 105.000 árabes, fue declarada corpus separatum. Y la partición fue aceptada por partidarios de crear un Estado hebreo, pero no por los árabes, que consideraron desproporcionado el reparto. El resultado fue la primera de las guerras entre israelíes y palestinos.
Palestina volverá este septiembre a la Asamblea General de la ONU, que en su agenda tiene previsto que se plantee el reconocimiento de Palestina como un Estado. Los representantes de los miembros de la Asamblea General deberán pronunciarse entonces, como también tendrá que hacerlo el Gobierno español. El pasado 30 de junio, el Congreso español aprobó una moción en la que se instó al Gobierno "a que, en ausencia de la reanudación de las negociaciones bilaterales (entre israelíes y palestinos), apoye de manera coordinada con la Unión Europea el reconocimiento del Estado palestino". Y resulta que las negociaciones entre palestinos e israelíes no se han reanudado. Pero no parece que exista coordinación dentro de la Unión Europea sobre el asunto. El Gobierno español ha ido, poco a poco, inclinándose por el reconocimiento del Estado palestino. Hace dos meses, cuando tuvo lugar la visita a España del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abas, ni el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ni Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, fueron más allá de afirmar que consideran "legítima" la aspiración de los palestinos.
La indefinición rodea aún la iniciativa de los palestinos de pedir el reconocimiento de su Estado. Todo depende de lo que finalmente sus dirigentes propongan en la ONU. Aún no han aclarado si pedirán el ingreso de su posible Estado en la ONU, lo que requiere la aprobación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos ha advertido que ejercerá su derecho de veto; o si sólo acudirán a la Asamblea General, donde tienen asegurada la mayoría (116 de 193 estados), para que el Estado palestino sea aprobado, pero sólo con el estatuto de observador y no como miembro, como ya lo es la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
Dado que la Administración Obama ha adelantado que utilizará su veto si el Estado palestino pretende ingresar en la ONU, todo indica que la única posibilidad de que los palestinos obtengan un amplio respaldo es que se conformen finalmente con que su Estado sólo disfrute del estatus de observador. Sería una prueba de realismo político que les permitiría cosechar un amplísimo reconocimiento por parte de la comunidad internacional a su legitima aspiración a tener un Estado.- La Vanguardia
